Venezuela en pleno siglo 21 busca un modelo que le permita una transición lo menos traumática posible.

Para ello mira hacia afuera, buscando como modelos de Estado alguno que se adapte a sus necesidades y potencialidades. Algunos, voltean la mirada hacia El Salvador como una vía para pacificar al país, otros miran con recelo una gobernanza que apunta hacia la autocracia.

Cada cierto tiempo reaparece la misma pregunta: ¿Es Nayib Bukele un dictador?

La respuesta dependerá en gran medida de cómo cada persona defina ese término. Para algunos, la concentración de poder, la confrontación con otros órganos del Estado y el uso intensivo de medidas excepcionales son suficientes para calificarlo de esa manera. Para otros, lo determinante son los resultados obtenidos en materia de seguridad, orden público y recuperación de la autoridad del Estado.

Sin embargo, quizá la pregunta verdaderamente importante no sea si Bukele encaja o no en la definición de “dictador”. La pregunta es otra:

¿Puede una sociedad profundamente destruida reconstruirse únicamente mediante los mecanismos ordinarios de una democracia?

Venezuela: entre la tiranía y la dictadura.

Venezuela representa uno de los mayores desafíos contemporáneos para responder esa interrogante.

Después de casi siete décadas de deterioro institucional, rematadas por mas de 25 años de revolución chavista / socialista, el país enfrenta una realidad donde buena parte de las instituciones dejaron de cumplir la función para la cual fueron creadas. El Poder Judicial carece de independencia, el sistema electoral genera desconfianza en amplios sectores de la población y numerosos organismos públicos responden a intereses políticos antes que al interés nacional.

Ante un escenario semejante, muchos ciudadanos asumen que bastaría con celebrar una elección para resolver la crisis. Sin embargo, la historia demuestra que recuperar una república suele ser mucho más complejo que recuperar un gobierno.

La democracia sin república conduce a una tiranía.

Toda transición política enfrenta un dilema: ¿cómo restaurar el Estado de derecho cuando precisamente el Estado de derecho ha sido desmantelado?

En distintas etapas de la historia, numerosos países han recurrido a mecanismos constitucionales extraordinarios para enfrentar guerras, insurrecciones, catástrofes o crisis institucionales. El propósito de esos poderes excepcionales no debería ser perpetuar un gobierno, sino crear las condiciones necesarias para restablecer el funcionamiento normal de las instituciones.

Ese es un matiz fundamental.

El objetivo no debería ser reemplazar una tiranía por otra, sino utilizar herramientas excepcionales, limitadas en el tiempo y sometidas a un propósito claro: reconstruir la República para que las instituciones vuelvan a ser capaces de limitar el poder.

Desde esta perspectiva, el debate deja de girar alrededor de las etiquetas y comienza a centrarse en algo mucho más importante: la finalidad del ejercicio del poder.

Con frecuencia se afirma que la democracia constituye el destino final de toda sociedad libre. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que la democracia, por sí sola, no garantiza ni libertad, ni prosperidad, ni respeto por las instituciones.

Existen gobiernos elegidos mediante elecciones que han terminado destruyendo el Estado desde dentro. Del mismo modo, existen gobiernos con amplios poderes excepcionales que lograron restablecer el orden institucional y posteriormente devolvieron el poder a un sistema constitucional ordinario.

¿Legitimidad de origen o legitimidad de ejercicio?

La diferencia no reside únicamente en el origen del poder, sino en los límites que ese poder reconoce y en los resultados que produce para la sociedad.

Durante décadas, Venezuela desarrolló un modelo político basado en una democracia de orientación socialdemócrata que, según numerosos críticos, fue debilitando progresivamente la autonomía del ciudadano frente al Estado. Poco a poco, crecieron la dependencia política, el clientelismo y la concentración de responsabilidades en el aparato público, mientras disminuían la responsabilidad individual y la fortaleza de las instituciones republicanas.

Desde esa perspectiva, la crisis venezolana no comenzó en 1999. El chavismo habría profundizado problemas que ya venían gestándose desde años atrás.

Esta interpretación coincide con la tesis desarrollada por el profesor Jesús G. Maestro en su obra Ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, donde sostiene que determinadas democracias contemporáneas atraviesan un proceso de deterioro institucional y cultural que termina debilitando los fundamentos mismos sobre los cuales deberían sostenerse.

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Compartir o no esa tesis es una decisión que corresponde a cada lector. Pero ignorar el debate sería renunciar a comprender una parte importante de los desafíos que enfrentan muchas democracias occidentales.

¿Democracia o República?

Tal vez uno de los errores más frecuentes consista en confundir democracia con República.

La democracia responde principalmente a un mecanismo de elección de los gobernantes.

La República, en cambio, supone la existencia de límites efectivos al poder, igualdad ante la ley, separación de funciones, responsabilidad de los funcionarios y ciudadanos conscientes del límite de sus derechos y el alcance de sus deberes.

Una democracia puede dejar de ser republicana. De inmediato quedaría sin la brida de las leyes y las instituciones, derivando con el tiempo hacia el totalitarismo.

Una República difícilmente puede sobrevivir sin ciudadanos capaces de defenderla.

Por eso, antes de preguntarnos si un gobernante concentra demasiado poder, quizá deberíamos preguntarnos algo todavía más importante: ¿Ese poder está siendo utilizado para destruir las instituciones o para reconstruirlas?

En última instancia, ese es el criterio con el que la historia suele juzgar a los gobiernos, mucho más allá de las etiquetas que reciben durante su tiempo. Al final, son los resultados los que son sometidos al juicio de la Historia y no las palabras y promesas del liderazgo político.